Dilma quiere el fin del “secreto eterno” en los archivos del Estado

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  • Posted on April 20, 2011


    Los militares de Brasil temen la liberación de papeles de la dictadura.

    Los militares de Brasil temen la liberación de papeles de la dictadura.

    Dilma Rousseff quiere celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, con una nueva ley de información destinada a transparentar las acciones del Estado.

    El proyecto pone fin al “secreto eterno” que rige para algunos documentos oficiales considerados “de extrema sensibilidad”. Es el caso de los archivos diplomáticos de la Guerra del Paraguay, que se mantienen ocultos hace más de 140 años, y de la anexión en 1904 del territorio de Acre que pertenecía a Bolivia.

    A la resistencia que opuso el Palacio de Itamaraty a la ley 41/2010, que prevé la apertura informativa de los archivos estatales, fue tan intensa como la ejercida en el ámbito militar.

    La Cancillería brasileña tiene dos grandes tabúes. Uno es la guerra de la Triple Alianza contra Francisco Solano López, en la que también participó Argentina.

    El otro son las disputas territoriales con los bolivianos que condujeron hace 107 años a la firma de un tratado entre el barón de Río Branco, canciller de la joven república brasileña, y el presidente de Bolivia José Manuel Pando.

    Por ese acuerdo, los bolivianos cedieron a los brasileños un buen pedazo del selvático territorio oriental, donde ya entonces prosperaba lo que sería una industria estratégica: la explotación del caucho natural, el llamado oro negro.

    Para los militares, en cambio, los recelos sobre la liberalización informativa se basan en el miedo a revelaciones de una historia mucho más próxima -apenas de 50 años atrás- que puede conducir al Congreso a revisar la Ley de Amnistía de 1979 que amparó torturadores y asesinos.

    En línea con el programa que divulgó durante su campaña y luego de ser electa, Dilma ordenó a su amplia base gubernamental en el parlamento que “acelere” el proyecto .

    Ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y ayer dio un paso clave al ser refrendado por las comisiones del Senado que debían dar su visto bueno. Falta ahora que lo vote el plenario de senadores, lo que debe ocurrir los primeros días de la próxima semana .

    Para facilitar su aprobación, el oficialismo hizo una concesión. El plazo máximo original para liberar un documento secreto al conocimiento público se fijó en 25 años. Pero hay una posibilidad de una única prórroga por un segundo período, lo que amplía el margen del secreto de los papeles más delicados a 50 años.

    Hoy la ley estipula que el plazo para conservar el sigilo es de 30 años, pero en algunos casos de “documentos muy delicados que involucran otros países” la norma establece el secreto eterno a través de prórrogas indefinidas de los 30 años fijados por el Poder Ejecutivo. Según la nueva norma, se debe crear una Comisión Mixta de Reevaluación de las Informaciones a ser integrada por representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

    Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva no hubo posibilidad, o tal voluntad, de enfrentar el lobby diplomático-militar que abogaba por el secreto hasta la eternidad. Es por eso que la ley actual de divulgación de los documentos públicos tiene serias limitaciones.

    No deja de ser una curiosidad que se haya protegido de las miradas indiscretas la anexión brasileña del territorio de Acre en 1904 que pertenecía a Bolivia.

    Ese pedazo de selva amazónica fue motivo de disputa entre los dos países hasta que el barón de Rio Branco, canciller brasileño, negoció el traspaso a cambio de un pago de 2 millones de libras esterlinas.

    Según afirman algunos historiadores es posible que el secreto tan celosamente custodiado sobre esa “adquisición” tenga que ver con algunos pagos al entonces presidente boliviano Pando por fuera del acuerdo.

    En cuanto a la guerra del Paraguay (1864-1870), que diezmó 90 por ciento de la población masculina de ese país, podría involucrar el reconocimiento de la participación de Gran Bretaña como promotora de esa ofensiva argentino-brasileña.

    Clarín/AC